El libro de Arzoz Santisteban comienza por una descripción exhaustiva del deber de reenvío prejudicial, desglosando su fundamento, alcance y las diversas excepciones que, aunque limitadas, existen en la doctrina y jurisprudencia del TJUE. Se analizan en detalle las consecuencias del incumplimiento de este deber, incluyendo la anulación de las resoluciones judiciales nacionales, pero también se remarca que esta anulación no conlleva, necesariamente, la invalidación de la norma jurídica en sí misma. La obra pone un énfasis particular en la diferenciación entre la anulación de una resolución y la anulación de la norma, reconociendo la importancia de mantener la eficacia del Derecho de la UE. Además, se examina la relación entre el deber de reenvío y la función de control del Tribunal Constitucional, analizando los límites y posibles conflictos que puedan surgir en determinados casos.
En su análisis del deber de reenvío prejudicial, el libro explora la influencia de otras fuentes normativas y doctrinas. Se examinan cuidadosamente las interpretaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en materia de protección jurisdiccional, y la jurisprudencia constitucional de otros Estados miembros, buscando puntos de convergencia y divergencia que puedan ayudar a definir un marco interpretativo más sólido. La obra se nutre de un análisis comparativo que permite comprender mejor la complejidad del deber de reenvío y su implicación en el sistema jurídico europeo. Adicionalmente, se analiza el papel de las sentencias del TJUE que, de manera implícita o explícita, reconocen la necesidad de un control más amplio del Tribunal Constitucional en materia de interpretación y aplicación del Derecho de la UE.
La obra se centra, en particular, en la relación entre el artículo 93 de la Constitución Española (que cede competencias jurisdiccionales al TJUE) y el deber de reenvío prejudicial. El autor argumenta que esta cesión de competencias implica, de manera inevitable, una obligación de que los tribunales nacionales, incluido el Tribunal Constitucional, realicen un control de la actuación de los jueces nacionales en materia de aplicación del Derecho de la UE. Este control no debe entenderse como una simple verificación formal del cumplimiento del deber de reenvío, sino como una evaluación de si la aplicación del Derecho de la UE por parte de los tribunales nacionales es coherente con los principios fundamentales del sistema jurídico europeo. El autor defiende la incorporación del respeto de lo dispuesto en los arts. 19.3 TUE y 267 TFUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) como criterio de control, estableciendo que el TJUE, a través de sus interpretaciones, ha definido los parámetros de actuación que deben seguir los tribunales nacionales.
El libro expone un argumento central que se basa en la idea de que el deber de reenvío prejudicial no es solo una formalidad, sino una garantía constitucional que se deriva de la cesión de competencias jurisdiccionales al TJUE. Arzoz Santisteban argumenta que el artículo 24 de la Constitución Española, que establece el principio de legalidad y la jerarquía normativa, debe interpretarse en el contexto de la cesión de competencias, impidiendo que el Tribunal Constitucional pueda aplicar una interpretación del Derecho de la UE que sea contraria a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español. La obra enfatiza que la función jurisdiccional de los jueces españoles debe estar, en última instancia, vinculada a la función jurisdiccional europea.
Un aspecto crucial del análisis es la crítica al enfoque tradicional, que tiende a ver el deber de reenvío prejudicial como un simple requisito para el control de la constitucionalidad de las sentencias nacionales. El autor señala que este enfoque puede llevar a una desproporcionalidad, donde el Tribunal Constitucional, en determinados casos, interviene para corregir errores de interpretación del Derecho de la UE, sin que ello tenga una justificación constitucional sólida. En cambio, la concepción que propone Arzoz Santisteban implica un control más profundo, que se centra en asegurar que la interpretación y aplicación del Derecho de la UE estén en consonancia con los principios generales del Derecho y los valores fundamentales de la Unión Europea.
El autor analiza la problemática del control de la constitucionalidad de las sentencias nacionales que se basan en la interpretación del Derecho de la UE. Argumenta que si bien el Tribunal Constitucional puede revisar la constitucionalidad de las normas nacionales, no puede hacerlo para imponer su propia interpretación del Derecho de la UE. Esta posición se justifica, en parte, por el principio de separación de poderes, pero también por la necesidad de garantizar la coherencia y uniformidad de la aplicación del Derecho de la UE en todos los Estados miembros. La obra defiende una interpretación restrictiva del poder del Tribunal Constitucional en este ámbito, evitando que se convierta en un intérprete «supernumerario» del Derecho de la UE.
Opinión Crítica de «La Garantía Constitucional Del Deber De Reenvío Prejudicial»
El libro de Arzoz Santisteban ofrece un análisis riguroso y bien fundamentado del deber de reenvío prejudicial, y su argumento principal – que el deber de reenvío, en el contexto de la cesión de competencias al TJUE, constituye una garantía constitucional – es, en mi opinión, acertado. La obra aborda con claridad y precisión las complejidades de esta cuestión, y proporciona una herramienta conceptual valiosa para la reflexión y el debate. Sin embargo, la propuesta del autor genera algunas interrogantes y requerirá, indiscutiblemente, un análisis más profundo y detallado de los límites que debe acatar el Tribunal Constitucional.
El autor ha logrado una labor excelente en la integración de las fuentes normativas y doctrinales. El conocimiento que demuestra sobre la jurisprudencia del TJUE es extenso, y su utilización para respaldar sus argumentos es convincente. Además, la comparación con la doctrina y la jurisprudencia de otros Estados miembros permite desarrollar un marco interpretativo más robusto, evitando que la posición española quede aislada. No obstante, la definición de los límites de este control es donde reside la mayor complejidad y, potencialmente, la mayor controversia. El autor propone un control «controlado», pero la definición de lo que constituye un «error» en la interpretación del Derecho de la UE es, por el momento, vaga.
En mi opinión, la propuesta del autor de incorporar el respeto de los arts. 19.3 TUE y 267 TFUE como criterio de control es fundamental, y conlleva una mayor precisión. El TJUE, a través de sus sentencias, ha desarrollado una serie de principios y criterios que deben ser considerados al interpretar y aplicar el Derecho de la UE. El Tribunal Constitucional no puede ignorar estos criterios, ni dejar que su propia interpretación del Derecho de la UE se aleje de los principios establecidos por el TJUE. Además, es crucial establecer un mecanismo de coordinación entre ambos tribunales, para evitar conflictos y asegurar una aplicación coherente del Derecho de la UE. Sin embargo, es importante recalcar que este control no debe ser automático, sino que debe basarse en un análisis concreto de cada caso, teniendo en cuenta el contexto legal y fáctico.
«La Garantía Constitucional Del Deber De Reenvío Prejudicial» es una obra importante para la comprensión de esta cuestión, y su análisis crítico del papel del Tribunal Constitucional es, en general, muy acertado. Aunque podrían profundizarse algunas áreas, la obra contribuye a desarrollar un debate más matizado y confuciente sobre la relación entre el Derecho de la UE y la Constitución Española. La búsqueda de un equilibrio entre la protección del ordenamiento jurídico español y el respeto de los principios fundamentales de la Unión Europea es un reto constante, y esta obra ofrece una valiosa herramienta para abordarlo.
