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como concepto central. La autora comienza por analizar el marco legal que ha dado origen a estas nuevas directrices, exponiendo los cambios introducidos por la Ley 9/2017, señalando cómo la trasposición de las Directivas Europeas ha sentado las bases para incorporar estos criterios en los procesos de adjudicación. Se profundiza en la definición de “calidad” en el de la contratación pública, argumentando que ya no se limita al precio, sino que engloba aspectos relacionados con el impacto social y ambiental del producto o la obra adquirida.
El libro luego explora en detalle los dos subtipos de «calidad» que se derivan del ciclo de vida completo del producto o la obra demandada: la “calidad social” y la “calidad medioambiental”. La “calidad social” se refiere a la consideración de aspectos como las condiciones laborales en la cadena de suministro, la inclusión social, la protección de los derechos humanos, y el impacto de la adquisición en la comunidad local. Por ejemplo, un pliego de contratación para la adquisición de ropa podría incluir cláusulas que exijan a los proveedores que cumplan con estándares laborales justos, que promuevan la diversidad y la inclusión, y que apoyen a las comunidades locales. De igual forma, la «calidad medioambiental» se centra en la reducción del impacto ambiental de la adquisición, incluyendo criterios como la eficiencia energética, el uso de materiales sostenibles, la gestión de residuos, y la minimización de la huella de carbono. Se analiza cómo estos criterios deben ser traducidos en cláusulas específicas que obliguen a los proveedores a adoptar prácticas responsables y a demostrar su compromiso con la sostenibilidad.
La obra también se ocupa de los instrumentos y mecanismos que pueden ser utilizados para garantizar el cumplimiento de estas cláusulas, incluyendo la evaluación de las ofertas, la elaboración de indicadores de rendimiento, y la verificación de la información proporcionada por los proveedores. Pardo López enfatiza la necesidad de que los pliegos de contratación sean claros, precisos y objetivos, para evitar interpretaciones ambiguas y conflictos. Asimismo, reconoce la importancia de la
y la
y la efectividad. Pardo López subraya correctamente que la incorporación de criterios sociales y medioambientales no debe ser un obstáculo para la eficiencia en la contratación, sino una herramienta para mejorar la calidad de los productos y servicios adquiridos. Sin embargo, la autora podría habría sido más explícita sobre cómo equilibrar los criterios sociales y medioambientales con los criterios económicos y técnicos. En algunos casos, la exigencia de cumplir con estándares sociales y medioambientales muy estrictos podría aumentar el costo de la adquisición y disminuir la competencia entre los proveedores.
Además, la obra podría beneficiarse de una mayor discusión sobre los desafíos específicos que plantean los contratos de larga duración. En contratos de larga duración, es fundamental establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar el cumplimiento de las cláusulas sociales y medioambientales a lo largo del contrato. Esto podría involucrar el establecimiento de indicadores de rendimiento a largo plazo y la realización de auditorías periódicas. Asimismo, es importante establecer un sistema de “recursos” que permita a los proveedores adaptarse a los cambios en las normativas sociales y medioambientales.
En conclusión, «Inclusión de Cláusulas Sociales y Medioambientales en los Pliegos de Contratos Públicos» es una obra fundamental para todos los entes adjudicadores que deseen incorporar criterios sociales y medioambientales en sus procedimientos de contratación. Si bien necesita profundización en algunos asuntos, ofrece una base sólida para la implementación de una contratación pública más responsable, sostenible y justa. La obra debe ser considerada como un punto de partida para una mayor reflexión y debate sobre el futuro de la contratación pública.
