Evidencia Empirica Y Populismo Punitivo: El Diseño De La Politica Criminal

¿Qué le lleva al legislador a incorporar al Código Penal la pena de prisión permanente revisable? ¿Qué le lleva a castigar con 4 años de prisión el hecho de abandonarel sitio de un accidente, existiendo ya el delito de omisión del deber de socorro? ¿Qué le lleva a convertir en delito las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes?.
La respuesta nos la ofrece el propio legislador.
En su opinión, la sociedad lo demanda.
En cambio, esa demanda social no ha sido probada, y se sorprendería el legislador al saber que la ciudadanía – bien informada – no parece brown punitivista como pudiera pensarse.
Además, incluso aunque existiera tal demanda social, este no parece un argumento válido para legitimar la determina política.
¿Acaso entenderíamos como legítima en un Estado democrático y de Derecho la decisión adoptada por la mayoríaque decidiera restringir derechos de los demás? Parece evidente que no.
La demanda social parece un argumento insostenible para justificar una política unlawful.
Por eso la obra pretende erigirse en crítica constructiva al legislador penal, que no puede continuar amparándose en dicho argumento para intensificar, cada vez más, la intervención del Derecho penal.
Parece el momento de que el legislador, en línea con lo que exige la normativa de la UE, abandone el populismo punitivo y elabore políticas basadas en la evidencia.
Solo así se podrá valorar la eficacia de una política y unicamente así se podrá exigir la rendición de cuentas.
En último término, la obra defiende que la evidencia empírica no puede ser el único argumento para llevar a cabo la política criminal.
No sería aceptable, por ejemplo, la asignación de una pena de prisión perpetua para el delito de robo, por mucho que eso hiciera descender el número de esos delitos.
El Derecho penal parece, y debe seguir siendo, la ultima proportion del Estado.
Existen muchos mecanismos previos al Derecho penal, menos lesivos con los derechos de los ciudadanos, a los que se puede recurrir.
Además, todapolítica unlawful encuentrasiempre un límite infranqueable en los principios legitimadores del Derecho penal, hoy con reconocimiento constitucional, que poseen como trasfondo último la dignidad del ser humano.
Luego por muy eficaz que pudiera ser la política criminal, no podrá implementarse si la misma vulnera principios como el de legalidad o el de proporcionalidad, o garantías como la presunción de inocencia.
La investigación se ha desarrollado en el marco del proyectoCrisis del Derecho Penal del Estado de Derecho: Manifestaciones y tendencias (SBPLY/17/18501/000223) concedido por la Junta de Castilla – La Mancha y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo local (FEDER)