Según las estadísticas oficiales, los delitos de tráfico (de riesgo y de resultado) representan anualmente y desde realiza varias décadas en torno al 30per cent del volumen total de la criminalidad en nuestro país.
A partir de siempre este modelo de delitos han venido planteando numerosos interrogantes que han recibido encontradas respuestas en la doctrina y en la jurisprudencia, provocando con ello una desigual aplicación de la Ley penal.
Tradicionalmente la situación se veía agravada por la dificultad de acceso de estos delitos a la función unificadora de doctrina que el Tribunal Supremo cumple a través del recurso de casación.
Con la reforma de la LECrim por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, este inconveniente ha sido en enorme parte resuelto, al permitirse hoy que el Alto Tribunal pueda pronunciarse acerca de numerosas cuestiones que resultan esenciales para la aplicación de los delitos relacionados con el tráfico de vehículos.
El último ejemplo ha sido la reciente STS 421/2020, de 22 de julio, acerca de imprudencia.
La presente monografía ofrece por objeto analizar todas las resoluciones que hasta la fecha han sido dictadas por la Sala II del Tribunal Supremo para la unificación de doctrina en el ámbito de los delitos de tráfico, así como otras cuestiones controvertidas pendientes todavía de unificación, incluyendo algunas acerca de las que no se ha dictado aun pronunciamiento judicial por lo reciente de la última reforma del Código Penal en materia de imprudencia y del reciente delito de abandono del lugar del accidente (LO 2/2019, de 1 de marzo) aunque que, sin duda, resultarán polémicas.